La Comisión Europea ha presentado su propuesta para luchar contra las prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria. Se trata de un proyecto de directiva en el que recoge una pequeña lista de prácticas que estarían prohibidas en toda la UE y de otras actuaciones que se admitirían solo si figuran claramente en los contratos.
De acuerdo con la propuesta de Bruselas, estarían prohibidos: los pagos más allá de los 30 días y la anulación posterior de los pedidos en el caso de los productos perecederos; el cambio unilateral y retroactivo de los términos de un contrato y obligar al proveedor a hacerse cargo de los gastos de los productos perdidos.
También estarían prohibidas, a menos que se recojan claramente en el contrato entre las partes, las siguientes: la devolución del producto invendido al proveedor; el pago por parte de este último de una garantía de aprovisionamiento y cargar al proveedor los gastos de promoción o de comercialización de los productos vendidos por el comprador.
La propuesta de la Comisión obliga a los Estados miembros a designar una autoridad pública encargada de hacer cumplir las nuevas normas. En caso de infracción probada, el organismo responsable tendrá competencias para imponer una sanción proporcionada y disuasoria. Esta autoridad de aplicación podrá iniciar investigaciones por iniciativa propia o sobre la base de una denuncia. En este caso, las partes que presenten una denuncia podrán pedir confidencialidad y anonimato, a fin de que su posición respecto de sus socios comerciales quede protegida. Según el comisario de Agricultura, Phil Hogan, «queremos eliminar el ‘factor miedo’ de la cadena de suministro de alimentos mediante un mecanismo de reclamaciones confidencial».
La Comisión creará un sistema de coordinación entre autoridades de aplicación con el fin de facilitar el intercambio de buenas prácticas.
Proteger al eslabón más débil
El objetivo de este proyecto es principalmente proteger al eslabón más débil de la cadena alimentaria, que es el sector primario. Bruselas subraya que los operadores más pequeños de la cadena de suministro de alimentos, incluidos los agricultores, son los más vulnerables a las prácticas comerciales desleales empleadas por los otros eslabones. «Con frecuencia -dice- no tienen poder de negociación ni formas alternativas para hacer llegar sus productos a los consumidores».
Las medidas propuestas complementan las medidas existentes en los Estados miembros y el código de conducta de la Iniciativa de la cadena de suministro, de carácter voluntario. Los Estados miembros pueden adoptar otras medidas que crean convenientes.
Hay que apuntar que, a diferencia de un reglamento, una directiva no es directamente aplicable en los países de la UE. Primero debe trasponerse al derecho nacional para que los gobiernos, empresas y particulares puedan recurrir a ella. Por lo general, el plazo máximo para la trasposición no excede de los dos años.
El Parlamento Europeo, el grupo de expertos que se constituyó para abordar la situación de los mercados agrarios y las organizaciones agrarias europeas han pedido medidas vinculantes a nivel comunitario para abordar el problema de las prácticas abusivas en la cadena alimentaria.
