Según la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, España está más protegida frente a las prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria de lo que la directiva europea propone.
García Tejerina participó el 16 de abril en la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la UE en la que el comisario Phil Hogan presentó a los 28 el proyecto de la Comisión Europea dirigido a prohibir una serie de prácticas abusivas que afectan principalmente a los agricultores y ganaderos y a las pequeñas y medianas empresas. En los futuros debates del proyecto, dijo la ministra, «trataremos de acercar lo más posible esta propuesta comunitaria a la legislación española», ya que nuestra Ley de mejora de la cadena alimentaria nació con vocación de extenderse al resto de la UE, debido a la amplitud de las relaciones comerciales entre los Estados miembros.
Según la ministra, «España se encuentra a la vanguardia en la defensa del buen funcionamiento, la transparencia y la seguridad jurídica en las relaciones comerciales de la cadena alimentaria» tras aprobar en nuestro país la citada Ley, que permite a nuestros productores contar con «enormes garantías en las relaciones comerciales».
En general, el proyecto de Bruselas para abordar las prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria tuvo una buena acogida entre los Estados miembros, aunque algunos de ellos consideraron que habría que ampliar su ámbito de aplicación con el fin de que cubra no solo a los agricultores y pequeñas y medianas empresas proveedoras sino a todos los operadores de la cadena.
Las organizaciones agrarias y las cooperativas europeas (COPA-COGECA) también creen que «esta propuesta puede mejorarse e ir más lejos». «Es importante -dicen- que no se limite su ámbito de aplicación para que todas las empresas estén mejor protegidas contra las prácticas comerciales desleales».
El ministro búlgaro, que presidió la reunión del Consejo Agrícola, anunció que se van a crear enseguida grupos de trabajo para abordar el examen técnico del texto, con el fin de tratar de adoptarlo antes de las elecciones europeas de la primavera de 2019.
Hay que recordar que la Comisión ha presentado esta propuesta no en forma de reglamento, que es directamente aplicable en toda la UE, sino en forma de directiva, disposición que los Estados miembros deben incorporar a su legislación para que pueda aplicarse en su territorio. Para ello suelen disponer de un plazo de dos años.
