El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado el mandato para que se inicien de forma inmediata las negociaciones con el Consejo de la UE sobre las prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria. Los eurodiputados quieren ampliar la lista de prácticas prohibidas propuesta por Bruselas.
El procedimiento para la aprobación de la propuesta de directiva dirigida a luchar contra las prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria se estaba retrasando. El ponente del texto, el social-demócrata italiano Paolo De Castro, había pedido el mandato para empezar a negociar con el Consejo sin necesidad de votación en el pleno, como permite el reglamento interno de esta institución. Sin embargo, un número suficiente de eurodiputados exigió que se procediera a la votación. Una vez superado este trámite, pueden comenzar las negociaciones.
Posiciones diferentes
Hay que recordar que la propuesta de la Comisión Europea contempla la prohibición de una corta lista de prácticas comerciales consideradas abusivas entre las pequeñas y medianas empresas proveedoras (agricultores, agrupaciones de productores, empresas intermediarias,…) y los compradores que no sean pequeñas y medianas empresas. También plantea que se prohíban otras prácticas a menos que estén contempladas en un contrato «claro y no ambiguo» entre las partes.
En concreto, estarían prohibidos los pagos más allá de 30 días y la anulación a posteriori de un contrato en el caso de los productos perecederos, así como el cambio unilateral y retroactivo de los términos del contrato y el pago, por parte del proveedor, de las pérdidas de producto que no sean responsabilidad suya.
Las prácticas que quedarían prohibidas a menos que figuren claramente en el contrato serían la devolución de la mercancía no vendida al proveedor, el pago por parte de este último de una garantía de abastecimiento, gastos de promoción o de marketing.
La posición adoptada por el Consejo apoya la propuesta de la Comisión, aunque cubre el comercio de todos los productos agrarios y plantea que los Estados miembros puedan mantener o establecer a nivel nacional reglas más estrictas que las que se adopten a nivel europeo.
Por su parte, la posición del Parlamento incluye a todos los operadores de la cadena alimentaria (no solo a los pequeños y medianos productores y a los grandes compradores), cubre el comercio de todos los productos agrarios y amplía la lista de prácticas prohibidas, incluyendo en ella, por ejemplo, los pagos más allá de los 60 días para los productos no perecederos o la negativa del comprador a firmar un contrato escrito con el proveedor.
Los parlamentarios subrayan, por otro lado, que, salvo acuerdo previo, el comprador no debería vender productos por debajo del precio de compra y reclamar después al proveedor que cubra esa diferencia.
