Las cotizaciones de la sandía se han desplomado justo con la llegada del calor y el aumento de la demanda. Por ello, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), que ha calificado esta situación de «fenómeno paranormal», va a solicitar a la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) «que abra una investigación urgente para determinar si existe un pacto entre los principales operadores comerciales para presionar a la baja de forma ilegal los precios de la sandía en el campo».
De acuerdo con los datos de la organización, en el último mes se ha registrado una caída del 74% en el precio de este producto, que ha pasado de 0,31 euros/kilo a los 0,08 euros que se pagan actualmente, un nivel inferior al coste de producción, estimado en una media de 0,18 euros/kilo. «Si se mantiene esta tendencia -afirma- un 30% de la producción podría quedarse sin recoger».
En opinión del responsable del sector de frutas y hortalizas de COAG, Andrés Góngora, es «inexplicable que las cotizaciones de la sandía se desplomen coincidiendo con la llegada del calor y el aumento de la demanda». Además, la producción es algo más corta en las principales zonas productoras, como Murcia y Alicante, ya que a la hora de planificar la campaña no estaba claro si se dispondría de agua para riego. «Queda claro -subraya- que no están funcionando con normalidad los fundamentos del mercado de oferta y demanda y queremos saber el por qué para evitar la ruina de los productores en esta campaña. Alguien quiere hacer el agosto en julio».
La COAG denuncia que la fruta de verano se utilice como producto reclamo en las grandes superficies y advierte que la caída del precio de la sandía tiene un «efecto arrastre» para otras, como el melón y la fruta de hueso. En el caso del melón ya se observa también una evolución a la baja del precio, que pasó de 0,40 euros/kilo en la última semana de junio a 0,25 euros en la segunda de julio.
Para reactivar el mercado, la organización insta a las organizaciones de productores a que recurran a los mecanismos previstos en la normativa, como la retirada de producto para distribución gratuita en comedores sociales o alimentación del ganado.
