Si se cumplen los calendarios con los que trabajan en Bruselas y en Madrid, al acabar la primavera se habrán despejado muchas de las dudas que existen actualmente sobre la nueva PAC que se aplicará a partir de 2023. De entrada, en la capital comunitaria, se debería cerrar el acuerdo definitivo sobre esa política entre el Parlamento Europeo, el Consejo de Ministros y la Comisión. Uno de los principales puntos en discordia se refiere al porcentaje del sobre nacional que recibe cada uno de los Estado miembros y que se destinará a financiar los llamados eco-esquemas: los eurodiputados quieren que sea del 30%, mientras que los ministros establecieron en su pacto interno un 20%. No obstante, no es el único asunto pendiente en Bruselas.
Mientras tanto, en Madrid, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha diseñado un calendario que pasa por realizar reuniones bilaterales con cada una de las comunidades autónomas después de Semana Santa, con el fin de conocer sus posición y con el objetivo último de alcanzar un acuerdo global sobre el Plan Estratégico nacional, el instrumento más importante de la nueva PAC, antes de que acabe la primavera.
A fecha de hoy, el ministro de Agricultura se ha limitado a lanzar globos sondas y alguna idea suelta, pero no ha planteado a los consejeros de Agricultura una propuesta concreta y global, que sirva de base para entrar en la recta final de las negociaciones. Estos últimos están a la espera de conocer ese documento de trabajo. La única novedad de los últimos días es que Planas se muestra ahora partidario de negociar la convergencia interna de las ayudas que se aplicará en 2022, a la vista de las protestas que han suscitado los recortes de las ayudas en 2021 en algunos sectores, especialmente entre los ganaderos. Se presenta, por lo tanto una primavera decisiva para el campo desde el punto de vista de la política agraria.
Artículo de opinión de César Lumbreras publicado en `La Razón´ el 22 de marzo de 2021
