La oleada de protestas agrarias más importantes de este siglo entra en su quinta semana de movilizaciones, tras las tractoradas y manifestaciones masivas de los días pasados, sin que el Gobierno haya presentado medidas concretas que supongan una inyección de dinero para el bolsillo de los agricultores y ganaderos.
Mientras tanto, el proceso negociador del Marco Presupuestario de la UE, del que dependerá la cantidad de dinero que haya para financiar la Política Agraria Común (PAC) entre 2021-27, amenaza con echar más leña al fuego, ya que lo más probable es que los fondos de la citada política sufran un importante recorte, entre el 14% y el 20% según el último documento, debido a que la mayoría de los estados miembros no solo se niegan a aportar más dinero a las arcas comunitarias, sino que quieren reducir sus contribuciones a la caja común. En paralelo, la Comisión Europea y los propios estados quieren implementar más políticas, lo que supone que se deberá acometer una redistribución de las prioridades en el gasto. Y solo hay dos posibilidades: reducir los presupuestos asignados a los fondos de cohesión y estructurales, y los de la PAC, las partidas que se llevan dos tercios del total del gasto.
El Gobierno ha respondido a las peticiones agrarias con propuestas vacías de presupuesto por parte del ministro de Agricultura; están relacionadas con la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria. Eso una vez que Luis Planas y el propio Pedro Sánchez, situaron el foco de la culpabilidad en la distribución.
Por otro lado, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también de Podemos, perpetraron la semana pasada un ataque gratuito al sector, anulando a última hora la participación de las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA en una reunión con los sindicatos de obreros para analizar la situación del PER en Andalucía y Extremadura, y la reducción de las peonadas.
Sin embargo, a lo largo de este último mes, desde el Ejecutivo no han sido capaces de responder a algunas de las peticiones de las tres organizaciones citadas, entre las que figura una reducción del coste de los seguros sociales para compensar la subida del Salario Mínimo Interprofesional, la modificación del sistema de tarifas eléctricas para riego, la rebaja de la fiscalidad de los combustibles o más dinero para el seguro agrario, pero poniendo coto a los desmanes protagonizados por el monopolio de Agroseguro, en forma de subidas de las primas en la mayor parte de las líneas, mientras al mismo tiempo plantea reducción de las coberturas.
A las masivas manifestaciones seguirán durante los próximos días cortes de carreteras y concentraciones en las dos provincias extremeñas, Cádiz, Almería, Granada, Navarra, Murcia, Tarragona, Sevilla y Jaén. En esta última, cuya economía está muy afectada por la caída de los precios del aceite de oliva, las organizaciones agrarias, cooperativas e Infaoliva han hecho un llamamiento para que las protestas sean masivas.
Información de César Lumbreras publicada en `La Razón´ el 17 de febrero
