Más de un centenar de profesionales del sector agrario se han concentrado este miércoles -29 de enero- frente a la Delegación del Gobierno, en Valladolid, para protestar por la «demonización» que sufre el sector, y se han alzado como la «solución» a la despoblación y la contaminación.
ASAJA, UPA y COAG han presentado una tabla reivindicativa a la delegada del Gobierno en Castilla y León, Mercedes Martín, en la que piden precios más justos, el control de la fauna salvaje en el campo, que se ponga fin a la criminalización del sector agrario y que las competencias de desarrollo rural queden en el Ministerio de Agricultura.
El presidente de ASAJA en Valladolid, Juan Ramón Alonso, ha enumerado entre los problemas del sector que los precios de los productos son en ocasiones los mismos que hace 40 años, lo que convierte a las explotaciones en menos rentables y por tanto lleva a que en ocasiones cierren.
El responsable de COAG en Valladolid, Alberto Duque, se sumado a las críticas de Alonso y ha lamentado que no se valore el «papel social» del sector, del que señala que «da de comer» a España y al resto del mundo con productos que tienen sello de calidad y estándares que no hay en otros países.
«Si no hubiera agricultores y ganaderos esto seria un desierto agronómico total»
«No somos culpables de nada. Somos responsables de cuidar el medioambiente, mantener vivos los pueblos y mantener viva a la población que hay en el medio rural; si no hubiera agricultores y ganaderos esto seria un desierto agronómico total», ha asegurado.
Respecto al control de la fauna, el representante de COAG ha aclarado que su posición es a favor de la caza «ordenada» de animales como el jabalí, el lobo, el corzo o los conejos, ya que «diezman la cabaña ganadera», provocan accidentes en carreteras y «se comen el campo».
Por su parte, el representante de UPA, Pedro Ismael Martín, ha defendido que los agricultores y ganaderos producen alimentos y que sin ellos «no hay futuro en los pueblos».
Otra de las peticiones que le han hecho llegar a la delegada del Gobierno es que no se reduzcan los fondos europeos de la Política Agraria Común (PAC). Las organizaciones han denunciado que entre este año y el 2025 habrá «recortes» del 7% ante «los intereses de la Organización Mundial de Comercio (OMC)».