El miércoles 17 de noviembre el pleno del Senado dio luz verde al proyecto de ley de la cadena alimentaria, que prohíbe la venta a pérdidas, y ha introducido varios cambios antes de devolver el texto al Congreso para su aprobación definitiva.
En total se habían presentado 210 enmiendas en la Cámara alta y, de las votadas en el pleno por separado, sólo dos han sido aceptadas. Se trata de una del Grupo Popular que recoge las condiciones de los pactos entre proveedores y compradores sobre actividades promocionales; y de otra de Compromís sobre el plazo de seis meses para la entrada en vigor de determinadas obligaciones de las cooperativas y otras asociaciones.
En la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación de la semana pasada, los grupos habían incorporado en el informe de la ponencia otras enmiendas, muchas de ellas destinadas a mejorar aspectos técnicos del texto, que finalmente han sido aprobadas en bloque en el pleno por 125 síes, 18 noes y 13 abstenciones. Los senadores han dado su visto bueno al resto del proyecto de ley por 120 votos a favor, 19 en contra y 117 abstenciones.
El portavoz socialista de Agricultura en el Senado, Amaro Huelva, ha destacado el «diálogo constante y fluido» que han mantenido con el sector y los grupos parlamentarios con vistas a crear una «nueva cultura de generación de precios» que ayude a crear empleos dignos en la cadena alimentaria y evitar la destrucción de valor en todos los eslabones.
Desde la oposición, el portavoz del PP Jorge Martínez Antolín se ha mostrado en contra de la «inseguridad jurídica» que genera la ley por la falta de un instrumento legal para calcular los costes de producción, mientras que el senador de Vox Jacobo González-Robatto ha lamentado que las explotaciones agrarias sigan perdiendo competitividad.
La tramitación de la iniciativa legislativa, que adapta la normativa a la directiva europea relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas del sector agroalimentario, ha sido criticada por varios grupos nacionalistas, después de que se hayan acortado los plazos en el Senado tras un año de trámites en el Congreso.
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