El pleno del Congreso de los Diputados dio luz verde el jueves, 3 de noviembre, al proyecto de ley de gestión de la Política Agraria Común (PAC) con algunos cambios y ha incluido enmiendas sobre otros aspectos de interés para el sector agrario.
A pesar de tratarse de una de las normas de política agraria más importantes de esta legislatura, el ministro de Agricultura, Luis Planas, no apareció ese día por el Congreso de los Diputados, ni durante los debates del texto ni tampoco en la votación.
Una mayoría de diputados ha votado a favor del establecimiento de los mecanismos y recursos necesarios para asegurar el derecho a la transmisión de información y comunicación por otros medios a aquellas personas que acrediten que no pueden acceder o disponer de medios electrónicos para gestionar las ayudas de la PAC.
La norma general estipula que los titulares de explotaciones y las empresas del sector deben proporcionar los datos mediante medios electrónicos. Sin embargo, la excepción introducida se aplica igualmente al Sistema de información de explotaciones agrícolas, ganaderas y de la producción agraria (SIEX).
El parlamentario de Teruel Existe Tomás Guitarte ha defendido la enmienda, planteada también por el BNG y Coalición Canaria, por los problemas que puede ocasionar el registro electrónico para determinados profesionales que carezcan de medios o en zonas rurales sin internet.
El Congreso ha modificado la exposición de motivos del texto añadiendo una enmienda del grupo popular que recalca que la capacidad de España para seguir produciendo dependerá de «un buen reparto» de los fondos de la nueva PAC, que entra en vigor en 2023.
La portavoz popular de Agricultura en la Cámara baja, Milagros Marcos, ha criticado que se hayan rechazado otra de sus propuestas en relación a una PAC que «no compensa la pérdida de rentas» y fija «exigencias ambientales desproporcionadas» en un momento de dificultades económicas para el sector.
El proyecto de ley, que pasará a tramitarse en el Senado, recoge aspectos como una serie de penalizaciones y sanciones a las personas beneficiarias por casos como la remisión incorrecta de datos de forma intencionada para recibir la ayuda o la resistencia a actuaciones de control.
En cuanto a las materias conexas cuya regulación se ha debatido, ha salido adelante una enmienda de Ciudadanos para que el Ministerio de Agricultura estudie la incorporación al plan de seguros agrarios combinados de una nueva línea para la cobertura de la sequía en el regadío.
También se ha aprobado dar un plazo de tres meses al Gobierno para incluir una zonificación agraria que permita implantar energías renovables teniendo en cuenta la «alta sensibilidad agraria» de ciertas áreas, según una disposición promovida por el PDeCat y ERC.
