El sector agroalimentario en su conjunto ha presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia catalán contra el impuesto que grava las bebidas azucaradas envasadas en esta Comunidad Autónoma.
A su juicio, «la norma vulnera principios como el de territorialidad, obstaculización de la libre circulación de mercancías y servicios en el territorio español, el principio de prohibición de doble imposición no coordinada, de seguridad jurídica, el de igualdad y no discriminación, así como el de la libertad de circulación de mercancías, entre otros».
Las entidades que suscriben esta iniciativa han destacado que esta tasa implica «una pérdida de competitividad por las cargas desproporcionadas que suponen para las empresas y la consecuente inseguridad jurídica». Por ello, también reclaman al Gobierno que presente un recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto.
Los representantes de la cadena alimentaria han recordado que el sector alimentario y la restauración representan «más del 15% del PIB nacional y más del 22% del empleo total del país, lo que supone unos 4,3 millones de empleos».
Entre los firmantes se encuentran ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias, en representación del sector primario; por parte de la industria, FIAB y Promarca; los portavoces de la distribución, ANGED, ASEDAS, ACE; así como Marcas de Restauración y la Asociación de Empresas de Gran Consumo (AECOC).