El Gobierno ha puesto la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) a ralentí. El ministro Planas divaga sobre el asunto huyendo de entrar en detalles mientras que algunas Comunidades Autónomas ya están haciendo públicas sus posiciones ante las previsiones de recortes, y aunque él asegura que es «razonablemente optimista» con el mantenimiento del presupuesto de la PAC, no hay garantías sobre ello, más si recordamos que quien propuso el recorte es su compañera del Consejo de Ministras y Ministros. Siendo la PAC algo que afecta a muchos productores agrarios, a muchas familias y al desarrollo económico del territorio rural, es imprescindible un mayor compromiso por parte del Presidente del Gobierno.
El FEGA publicó el pasado agosto los datos sobre ayudas directas y beneficiarios de las mismas para el año 2017. Han sido muy oportunos al ofrecerlos por tramos de ayuda, porque gracias a esto podemos hacernos una idea de cómo afectarán los recortes a los pagos directos que establece la propuesta de reglamento para las ayudas en la nueva reforma de la PAC, según la cual, a partir de los 60.000 €, se disminuirían porcentualmente las ayudas.
Este organismo divulga que en España hay 717.900 beneficiarios de pagos directos y que éstos reciben algo más de 4.881 millones € para una superficie de casi 21 millones de hectáreas. Si nos fijamos en aquellos que perciben más de 60.000 €, cifra a partir de la cual comenzarían a disminuir las ayudas, podemos ver que el recorte afectaría a 9.070 beneficiarios que suponen un 1,26% del total de la PAC y que reciben actualmente cerca de 998 millones €, es decir un 20,44% del total de los fondos. Y si buscamos a aquellos de menos de 5.000 €, comprobamos que son 514.090 beneficiarios, es decir el 71,6% del total y reciben casi 747 millones €, un 15,31% de los fondos.
¿Se podría considerar que la mayoría de los “agricultores profesionales” se encuentran en el tramo de más de 5.000 € y menos de 60.000 €? Estos son 194.830 beneficiarios, el 27,14% del total y controlan el 65% de la superficie con derecho a ayuda, recibiendo por ello 3.137 millones €, el 64,27% de los fondos totales.
¿Estarán dispuestos los responsables políticos de algunas Comunidades Autónomas a percibir menos fondos que en la actualidad?
Con el dinero procedente de las reducciones previstas para los que reciben más de 60.000 € se podría financiar, de acuerdo con la propuesta, el pago redistributivo para pequeñas y medianas explotaciones. Y aquí es donde las definiciones cobran gran importancia, porque, por una parte demandamos que el dinero vaya a los agricultores genuinos que tienen una actividad agraria, que generan empleo y riqueza, pero, por otra, varios de los objetivos de la propuesta europea van encaminados al desarrollo de las zonas rurales y la PAC tiene una función muy importante en la lucha contra el despoblamiento; en numerosos casos, el dinero recibido de la PAC, aunque sea mínimo, es el determinante para que el beneficiario se mantenga en el territorio.
El Estado Miembro tiene la última palabra; el Ministerio tendrá que consensuar qué es un agricultor genuino y qué es la pequeña y mediana explotación, buscando un equilibrio entre los distintos elementos para la consecución de todos los objetivos contemplados por la propuesta europea y sin olvidar el empleo generado.
Por otra parte, el valor máximo para los derechos de ayuda que se fijará por parte del Ministerio y que afectará fundamentalmente a ciertos cultivos de regadío y a cultivos permanentes, que actualmente tienen unos niveles de ayuda altos, junto con los recortes de fondos a los beneficiarios de más de 60.000 € y la demandada simplificación del sistema de ayudas, van a llevar a un trasvase de fondos de unos cultivos a otros, de unos agricultores a otros y de unas Comunidades Autónomas a otras. Teniendo en cuenta estos cambios en la distribución del dinero ¿estarán dispuestos los responsables políticos de algunas Comunidades Autónomas a percibir menos fondos que en la actualidad? Algunos ya se han pronunciado.
Y mientras tanto, el Ministerio trabaja en el modelo de aplicación. A finales del año que viene, el Plan Estratégico debe estar terminado y consensuado con todas las partes por lo que a estas alturas, con toda probabilidad, se cuenta ya con distintos tipos de aplicación, de número de regiones, cifras para el valor máximo del derecho de ayuda, modelos de convergencia, distintas definiciones, etc…. Nada sabemos de este trabajo que hacen en silencio y que afecta directamente al bolsillo de los agricultores y ganaderos. Es un misterio. ¿Tendrá algo que ver mayo de 2019?
 a ralentí. El ministro Planas divaga sobre el asunto huyendo de entrar en detalles mientras que algunas Comunidades Autónomas ya están haciendo públicas sus posiciones.){kind=link}