El Gobierno ha aprobado este viernes el real decreto-ley sobre la reforma del modelo de estiba, que tiene que ser convalidado en un plazo máximo de un mes por el Congreso, donde de momento no tiene garantizado el respaldo suficiente para salir adelante.
La reforma, exigida por una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, cuenta con el visto bueno de la Comisión Europea (CE) y el consenso de las empresas estibadoras, pero es rechazada por los sindicatos, que han convocado una huelga de nueve jornadas alternas en marzo, coincidiendo con el período del trámite parlamentario de la nueva ley.
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha explicado que el real decreto se ajusta estrictamente a la sentencia, que exige liberar el sector -el único en España donde no existe la libre contratación de los trabajadores- y establece la máxima flexibilización para mantener los derechos de los trabajadores y la igualdad competitiva de las empresas.
Asimismo, el ministro ha manifestado que facilita la subrogación mediante la financiación por parte de las Autoridades Portuarias de los derechos que han ido generando los trabajadores a lo largo de su vida laboral, y hay un plazo para la adaptación de los convenios colectivos, donde se pueden acordar cuestiones que plantean los sindicatos, como la subrogación, la formación o la organización del trabajo.
Habrá huelga
Tras la aprobación del decreto, la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), el sindicato mayoritario de estibadores, ha reafirmado la convocatoria de huelga, ya que cree que la nueva regulación «va mucho más allá de lo que pide Europa y no responde a la defensa de los intereses de los ciudadanos españoles, sino al de las grandes empresas, muchas de ellas multinacionales».
UGT ha acusado al Gobierno de provocar una crisis innecesaria en el sector, al aprobar «a las bravas y sin consenso» el real decreto que «acarreará altos índices de precariedad e inseguridad, y cuyos máximos beneficiarios serán las empresas multiservicio y de trabajo temporal».
Los estibadores y la patronal Anesco tienen abierto un proceso de diálogo en la negociación colectiva, bajo la mediación del presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, nombrado por el Ministerio de Empleo a petición de ambas partes.
La próxima reunión está prevista para el martes y el ministro ha pedido que «intensifiquen» el diálogo, al tiempo que insta a la responsabilidad de los partidos políticos porque, si no se convalida el documento, se entraría en «un bucle sin fin y tendríamos que pagar 134.000 euros de multa todos los días».
Ante el temor a posibles desabastecimientos por la huelga, Fomento tiene preparado un plan de contingencia que consiste en unos servicios mínimos del cien por cien para las operaciones que afecten a mercancías perecederas y peligrosas, a pasajeros, a situaciones de emergencia y a productos esenciales para las islas, Ceuta y Melilla, además de otras medidas para evitar colapsos en las autovías que conectan con los puertos.
De la Serna ha advertido de que una huelga de estas características produce un daño importante a la economía porque las empresas toman decisiones sobre el transporte de carácter temporal de utilización de otros puertos durante la huelga que «pueden convertirse en definitivas».
El presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha alertado de que el recrudecimiento del conflicto nacional en los puertos valencianos tras la aprobación del decreto puede tener «desastrosas consecuencias» para la economía valenciana.
Los cerealistas dicen que la huelga afecta porque España es deficitaria
El sector del comercio de cereales y oleaginosas de España ha señalado que la huelga de los estibadores «les afecta a la fuerza», porque España es un país «muy deficitario» en estos productos básicos de la alimentación.
Así lo ha asegurado el secretario general de la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España (Accoe), José Manuel Álvarez, que ha detallado que los almacenes aún tienen excedentes de cereal nacional para tres meses, por lo que no habría problemas de abastecimiento «siempre y cuando la huelga no se eternice».
En oleaginosas, la situación es más problemática, según ha apuntado Álvarez, porque España no produce soja y se podría llegar a «un gran problema» si las protestas de los estibadores se prolongan. En ese caso, la opción sería comprar soja en los puertos franceses o portugueses, y transportarla por carretera hasta España, pero el inconveniente es el encarecimiento del producto.
Desde la Confederación de Fabricantes de Alimentos Compuestos Para Animales (Cesfac), su director general, Jorge de Saja, se muestra confiado en que la huelga, de haberla, se produzca en días alternos y con respeto los servicios mínimos. De ser así, el impacto en abastecimiento de soja sería «poco o ninguno», y si la huelga se agudizase De Saja también apunta la opción de traer producto desde los puertos de los países vecinos.
Actualmente, según ha remarcado, en los puertos y en las instalaciones de los fabricantes de piensos compuestos hay soja almacenada para cuatro días.
