Las asociaciones de regantes de España (Fenacore), Italia (Anbi), Francia (Irrigants d’France) y Portugal (Fenacreg) han puesto en marcha una nueva federación para hacer valer los intereses de la agricultura de regadío ante Bruselas. Su nombre, Irrigants d’Europe (IE).
El nuevo organismo representa al 75% del regadío europeo, con una superficie de 7,7 millones de hectáreas, y nace, según las organizaciones que lo forman, «en un momento de especial trascendencia para el sector, que se encuentra sumido en el marco del debate por la reforma de la Política Agraria Común (PAC) y la transposición de la Directiva Marco del Agua (DMA)».
Su objetivo es tener más peso «en las negociaciones ante los organismos internacionales en un momento en el que garantizar el abastecimiento de los mercados a precios competitivos exige a los agricultores vender sus productos a precios de hace más de 20 años aunque se produzcan con costes actuales». Los regantes de estos cuatro países subrayan que la agricultura de regadío es la única que puede garantizar un incremento del 40% de la producción hasta 2030 para alimentar a una población mundial creciente y garantizar su competitividad requiere el apoyo de Bruselas, «para cumplir con los altos estándares de calidad que se les exige a los productores comunitarios en los acuerdos de libre comercio».
Mantener las ayudas directas
En consecuencia, la nueva organización luchará para que se mantenga «el sistema de ayudas directas de la PAC como vía para compensar la brecha de ingresos de los regantes, de forma que se asegure un adecuado nivel de empleo y renta para mantener vivo el medio rural».
Otro reto será que la Directiva Marco del Agua, de la que se espera un borrador a finales de 2019, «tenga en cuenta las singularidades de los diferentes países a la hora de adaptar su aplicación». Los regantes consideran, en particular, que, a la hora de fijar el reparto del agua, no se «priorice en extremo los objetivos ambientales sobre los socioeconómicos, ya que elevar innecesariamente los caudales ecológicos reduciría los recursos para regadío, con el impacto negativo que supone para el crecimiento del PIB y la creación de empleo». Por otro lado, quieren una modificación del artículo 9, relativo a la repercusión de los costes de las infraestructuras. Apuntan que, dado que la «directiva no busca un retorno de ingresos desde el punto de vista económico, sino reducir consumos», habrá que tener en cuenta «el esfuerzo hecho en obras de modernización y el ahorro de agua registrado en cada país para que el precio del agua se fije bajo criterios técnicos personalizados, no políticos».
La presidencia de la nueva organización recaerá en Portugal hasta 2020.
