La Comisión de Cuentas de la Agricultura francesa (CCAN) ha publicado los resultados provisionales de la rama agraria correspondientes al presente año 2018, que muestran una subida de la renta con respecto al año pasado. Sin embargo, la FNSEA, principal organización agraria francesa, ha subrayado que ese resultado positivo esconde realidades muy diferentes, ya que junto a la recuperación de algunos sectores hay otros en mala situación.
Además, añade que, de acuerdo con las cuentas publicadas, el valor añadido bruto de la rama agraria continúa a la baja en términos reales, en decir, teniendo en cuenta la inflación. A pesar de los esfuerzos de los agricultores por mejorar la calidad de los productos y responder a las expectativas del mercado, se constata, afirma la FNSEA, que desde hace 15 años se destruye valor. “Esta presión sobre los productores agrarios ya no es aceptable”.
En estas circunstancias, pensar en subidas de impuestos es “inconcebible”. Por ejemplo, en el caso de una explotación cerealista media, la subida de la tasa por contaminación difusa que contempla el Gobierno supondrá, por sí sola, un recorte en el resultado medio de más de 1.500 euros, lo que afectará a la capacidad de los agricultores de invertir en medidas para la transición ecológica, en un contexto de inversiones a la baja.
Medidas contra los precios abusivamente bajos
Por otro lado, la FNSEA y Jóvenes Agricultores están satisfechos con la última versión de la disposición relativa a los precios abusivamente bajos, impulsada inicialmente por ellas. Después de la norma que eleva el umbral de reventa a pérdidas y que regula las promociones, así como de la relativa a la formación de los precios, éste era el último dispositivo que faltaba, según las dos organizaciones.
La disposición permitirá sancionar duramente los precios abusivamente bajos, “condición indispensable para unas relaciones comerciales reequilibradas”. “El objetivo es que un juez pueda condenar por precios pagados a los productores que estén desconectados de la realidad económica”.
Las organizaciones confían en que la norma se publique enseguida para que la administración y los jueces puedan ejercer su papel de gendarmes, “en un contexto de negociaciones comerciales difíciles para los productores agrarios”.
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