Los países de la Unión Europea han alcanzado este martes, 20 de junio, un amplio acuerdo sobre la Ley de Restauración de la Naturaleza.
El pacto fue posible gracias a que la presidencia sueca del Consejo de la UE añadió al borrador varias flexibilidades y aclaraciones para ofrecer garantías a zonas con alta densidad de población, regiones ultraperiféricas, áreas agrícolas o de defensa, entre otras.
Según la ministra sueca de Medioambiente, Romina Pourmokhtar, «la planificación, construcción y funcionamiento de las plantas de fuentes renovables, su conexión a la red y la red misma y el almacenamiento tienen un interés público superior. Los Estados miembros pueden eximir a estos proyectos de demostrar que hay soluciones menos dañinas en determinadas circunstancias».
La posición del Consejo salió adelante pese al rechazo de Países Bajos, Polonia, Italia, Suecia o Finlandia y con el apoyo de países como Hungría, Chequia, Bulgaria, España, Eslovenia, Alemania, Francia, Portugal, Chipre, Rumanía, Malta, Grecia o Dinamarca.
El Partido Popular Europeo (PPE), que preside Manfred Weber, ha vetado la iniciativa y ha pedido a la Comisión Europea que retire el texto.
La Ley de la Restauración de la Naturaleza busca restaurar para 2030 el 20% de los ecosistemas terrestres y marinos dañados y la totalidad de ellos para 2050.
Ribera: el acuerdo está «por debajo» de lo que hubiera querido Madrid»
No obstante, para la ministra española para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, el acuerdo está «por debajo» de lo que hubiera querido Madrid » pero reconoció que «es un paso muy significativo».
Recordemos que España ostentará la presidencia del Consejo de la UE a partir de julio, por lo que tendrá la misión de dirigir la futura negociación con el Parlamento Europeo con el objetivo de cerrar la normativa «antes de final de año».
La Comisión tendrá que hacer una revisión del reglamento en 2026 y proponer medidas si hay lagunas de financiación
El texto acordado en el Consejo incluye también un párrafo sobre financiación que estipula que la Comisión tendrá que hacer una revisión del reglamento en 2026 y proponer medidas si hay lagunas de financiación.
El comisario de Medioambiente, Virginius Sinkevicius, señaló que «esta propuesta nos ahorra mucho dinero. Por cada euro invertido tenemos un retorno de por lo menos ocho euros de los beneficios que nos ofrecen los ecosistemas saludables. Así que, lo más caro que podemos hacer es no actuar».
Por su parte, el vicepresidente de la Comisión Europea para el Pacto Verde, Frans Timmermans, había pedido al inicio que no se conviertan las políticas climáticas en «guerras culturales» con una «oposición tribal» donde los hechos ya no importan».
Con el acuerdo en el Consejo, la presión pasa al Parlamento Europeo, donde la Comisión de Medioambiente seguirá votando el próximo 27 de junio el mandato negociador de la Eurocámara, que después tendrá que ser aprobado por el pleno del hemiciclo.
Una vez la comisión parlamentaria y el pleno de la Eurocámara adopten su enfoque, Parlamento y Consejo, junto con la Comisión Europea, podrán negociar la versión definitiva de la pieza normativa durante la presidencia española del Consejo de la UE.
