
Las tres prioridades de Castilla-La Mancha de cara a la nueva Política Agraria Común (PAC) son un eco-esquema para la agricultura y ganadería ecológicas, ayuda para el olivar de bajo rendimiento y la discriminación positiva para las mujeres. Así lo ha detallado el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, durante su intervención en el Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios, celebrada por videoconferencia y convocada por el Ministerio de Agricultura.
Según ha informado el Gobierno regional, en el encuentro ha trasladado su postura de cara a la negociación de los reglamentos de la nueva PAC, en los que desde 2018 se ha trabajado «de forma muy dura para que respondan a nuestros intereses».
Martínez Arroyo ha resaltado que este objetivo se está consiguiendo de manera paulatina y «permitirá garantizar el futuro de la agricultura profesional y la rentabilidad de las explotaciones».
Castilla-La Mancha «está en condiciones de alcanzar estos tres objetivos»
Con respecto al eco-esquema para la agricultura y ganadería ecológicas, el consejero ha señalado que en el listado de posibles eco-esquemas de la Comisión Europea se incluye en primer término la agricultura ecológica y ha considerado que esto ha creado «muchas expectativas».
En relación al apoyo al olivar de bajo rendimiento, Martínez Arroyo ha indicado que es «el más importante» en Castilla-La Mancha y que requiere de una ayuda especial porque «necesita de apoyo adicional para ser rentable en el futuro».
Respecto a la discriminación positiva para las jóvenes que quieran incorporarse a la agricultura o la ganadería, la finalidad es que cuenten con un 5% más de ayudas, ha precisado.
El consejero ha asegurado que Castilla-La Mancha «está en condiciones de alcanzar estos tres objetivos», al tiempo que ha recordado que en 2020 se han destinado 1.037 millones de euros de la PAC a agricultores, ganaderos y al desarrollo de los pueblos de la región. De esa cantidad total, 846 millones han correspondido al primer pilar de la PAC para agricultores, ganaderos e industria agroalimentaria como ayudas directas, y el resto (230 millones de euros aproximadamente) se han inyectado a políticas de desarrollo rural.