La Comisión Europea (CE) no puede supervisar con precisión los efectos de los riesgos derivados del uso de plaguicidas, según un informe publicado por el Tribunal de Cuentas Europeo, que recoge los progresos realizados para medir y reducir dichos riesgos.
Cabe recordar que desde el año 1991 la Unión Europea (UE) cuenta con normas para utilizar productos fitosanitarios y fomentar su utilización sostenible, reduciendo el riesgo que implican para la salud humana y el medio ambiente. En 2009 aprobó la Directiva sobre el uso sostenible de plaguicidas.
Tras analizar su uso en 18 Estados miembros, incluido España, el Tribunal de Cuentas recoge que la acción de la UE para fomentar su uso sostenible comenzó despacio pero que ha permitido identificar «insuficiencias» en la legislación vigente.
En concreto, los auditores apuntan que varios Estados miembros se retrasaron en incorporar la Directiva a la legislación nacional, y en 2012 se iniciaron procedimientos de infracción contra dos de ellos. También constataron que la Comisión no había verificado adecuadamente la integridad y la exactitud de la transposición de la Directiva.
Un ejemplo de ello es que no todos los Estados miembros incorporaron a la legislación nacional el requisito de que los agricultores aplicaran la gestión integrada de plagas. Sin embargo, reconocen los auditores, desde 2016 la Comisión ha tomado más medidas para hacer aplicar la Directiva sobre el uso sostenible de plaguicidas.
Junto con la Directiva, se ha hecho obligatoria para los agricultores la gestión integrada de plagas, que supone la utilización de plaguicidas únicamente cuando la prevención y otros métodos alternativos no funcionen o no sean eficaces. Sin embargo, no existen criterios claros ni requisitos específicos que sirvan para garantizar la aplicación y evaluar el cumplimiento de la Directiva.
Paralelamente, se ha creado una categoría de «productos fitosanitarios de bajo riesgo», pero hasta la fecha, solo se han puesto a disposición 16 de las 487 sustancias, es decir, el 3%, lo cual es insuficiente, según los auditores.
También señalan que los agricultores no tienen incentivos para reducir su dependencia de los plaguicidas. En particular, la aplicación de la gestión integrada de plagas no constituye una condición para recibir los pagos de la PAC, observan los auditores.
Recomendaciones
Para corregir las insuficiencias, los auditores recomiendan a la Comisión que compruebe que los Estados miembros llevan a cabo la gestión integrada de plagas de manera práctica y que los criterios para esa gestión sean tenidos en cuenta en relación con las ayudas de la Política Agraria Común (PAC).
Otra recomendación es la mejora de las estadísticas sobre los plaguicidas y el desarrollo de mejores indicadores de riesgo, para lo que, de acuerdo al informe, «podrían utilizarse mejores datos sobre ventas y uso de productos fitosanitarios, con mayor información geográfica».
Finalmente, el Tribunal de Cuentas concluye que el acceso a más datos de seguimiento podría ayudar a orientar las actividades para combatir el impacto ambiental del uso de productos fitosanitarios.
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