La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo (Comagri) considera que, en el futuro, las sanciones por incumplimiento de la condicionalidad de las ayudas directas de la PAC deberían ser más duras que en la actualidad. Si un beneficiario no respeta las obligaciones relativas al medio ambiente, el bienestar animal o la calidad alimentaria debería perder el 10% de sus derechos de ayuda, en lugar del 5% actual.
Esta es una de las medidas que figuran en el proyecto de posición de la Comagri sobre el último de los tres reglamentos que conforman la reforma de la PAC. Se trata del llamado reglamento horizontal, relativo a la financiación, gestión y seguimiento de esta política (ya se ha pronunciado sobre los de planes estratégicos y OCM única).
Además de perder los derechos de ayuda, los eurodiputados agrícolas proponen asimismo que los beneficiarios pierdan el 15% del importe de los pagos a los que tienen derecho si incumplen las reglas intencionadamente.
Reserva de crisis
Por otro lado, la posición de esta comisión parlamentaria defiende una reserva de crisis agrícola que no se alimente de los fondos destinados a las ayudas directas ni de los asignados a la política de desarrollo rural.
Considera que esta reserva -cuyo fin es ayudar a los agricultores a afrontar situaciones de crisis, como la inestabilidad de los precios o los mercados- debería contar con una dotación anual inicial de 400 millones de euros. A ellos podrían sumarse los fondos no utilizados en años anteriores, hasta un máximo de 1.500 millones de euros.
Si el montante disponible en un año dado no fuera suficiente para afrontar una situación excepcional, sí se recurriría al sistema de disciplina financiera, que supone una reducción lineal en los pagos directos concedidos a los agricultores. Esta solución sería el último recurso y no se aplicaría a los primeros 2.000 euros en ayudas por beneficiario.
Menos controles a los Estados miembros
Por último, los diputados agrícolas han dado su respaldo a la propuesta de la Comisión Europea de pasar de un sistema basado en controlar que se respetan las reglas a un nuevo sistema basado en los resultados, tal y como estén definidos en los planes estratégicos nacionales. Sin embargo, con el fin de evitar sobrecargar a las administraciones nacionales y a los agricultores, la Comagri propone que los Estados miembros comuniquen sus resultados a la Comisión Europea una vez cada dos años en lugar de cada año, como plantea Bruselas.
Esta posición se ha adoptado por 28 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones. Ahora debe aprobarla el pleno del Parlamento Europeo, aunque, como ocurre con los otros dos reglamentos de la reforma, tendrá que hacerlo la Asamblea que salga de las elecciones del próximo mes de mayo.
