La Comisión Europea ha anunciado que desde el 22 de mayo están en vigor nuevas normas que permiten a los Estados miembros utilizar nuevas tecnologías a la hora de llevar a cabo los controles de las ayudas de la PAC. Entre ellas está la posibilidad de sustituir totalmente las inspecciones sobre el terreno por un sistema de control basado en el análisis de los datos proporcionados por los satélites de observación, como el Copernicus Sentinel.
Los datos obtenidos por los satélites podrán utilizarse para comprobar si los agricultores cumplen con los requisitos establecidos para percibir las ayudas por hectárea (tanto los pagos directos como ciertas ayudas de la política de desarrollo rural) o las exigencias de la condicionalidad, como la quema de rastrojos.
También se admitirán otro tipo de pruebas, como determinadas fotos, información recogida por medio de drones y cierta documentación proporcionada por los agricultores (como las etiquetas de las semillas) como parte de un amplio proceso que conducirá a una disminución de los controles sobre el terreno. Estos se llevarán a cabo solo cuando los datos digitales, y las otras pruebas citadas, no sean suficientes para comprobar la conformidad con las reglas establecidas.
Según el comisario de Agricultura, Phil Hogan, “esta nueva tecnología por satélite reducirá significativamente el número de inspecciones en campo, acabando con el clima de temor, que estresa a los agricultores”. Además, “beneficiará a las administraciones, reduciendo los costes derivados de los controles e inspecciones”.
La Comisión Europea ha asegurado que son ya varios los Estados miembros que han manifestado su intención de empezar a utilizar enseguida las nuevas tecnologías para efectuar los controles.
Su uso es voluntario para las administraciones. Tienen la posibilidad de aplicarlo a regímenes específicos de ayuda (como el pago básico), a las medidas de desarrollo rural o a ambos. También podrán ir ampliado progresivamente la superficie cubierta por este tipo de monitorización a lo largo de los dos primeros años de su implantación.
Bruselas destaca, por otro lado, los beneficios para los agricultores. Por ejemplo, será posible informar a los agricultores que tengan que llevar a cabo ciertas actividades, como segar la hierba antes de una fecha determinada, si no se ha cortado todavía. Con ello podrán cumplir con sus obligaciones medioambientales a tiempo y evitar penalizaciones por no respetar las reglas.
Asimismo, un menor número de controles sobre el terreno permitirá reducir significativamente el tiempo empleado por los agricultores con los inspectores en el campo.