La Unión de Extremadura ha denunciado las tres multas «por el mismo motivo» que ha recibido el secretario general de esta organización, Luis Cortés, por manifestarse el pasado 22 de febrero en Don Benito, Badajoz, ante el Presidente del Gobierno Pedro Sánchez. En total, Cortés tendría que abonar 3.700 euros.
La organización ha recordado que la protesta que tuvo lugar en Don Benito fue posterior a la tractorada contra los altos costes de producción y los precios «ruinosos» que reciben los agricultores por sus productos, que se concentró en la Rotonda del cruce de la N 430 con la autovía que une Miajadas con Don Benito. Seis meses después ls agricultores y ganaderos están recibiendo comunicaciones de denuncias por parte de la Delegación del Gobierno en Extremadura.
Según la organización, está enviando estas comunicaciones «a los responsables de las organizaciones convocantes y a agricultores estuviesen en el acto de protesta o no». A pesar de que la mayor parte de las denuncias que están recibiendo son de una cuantía de 500 euros «por no respetar las normas que autorizó la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, al secretario general de la Unión le han comunicado la interposición de tres sanciones, en teoría, por el mismo hecho», ha denunciado.
3.000 euros por desobediencia a los agentes en dicha protesta
En concreto, según la Unión, las multas que ha recibido Luis Cortés serían por los siguientes motivos: 200 euros de importe y la retirada de 4 puntos del carnet de conducir por no respetar las señales de los agentes de la autoridad; 500 euros por no respetar lo aprobado por la Delegación del Gobierno: y 3.000 euros por desobediencia a los agentes en dicha protesta.
Para la organización agraria, la estrategia de la delegada «es coaccionar a los manifestantes imponiéndoles importantes multas y retirada de puntos del carnet para que en próximas convocatorias nos comportemos de manera más dócil y no tenga consecuencias las protestas».
En este sentido, la Unión de Extremadura ha señalado que, en su opinión, «lo más grave es la impotencia de impugnar estas sanciones ya que gracias a la Ley Mordaza los ciudadanos estamos desamparados». Por ello, ha denunciado que los partidos políticos que componen el Gobierno central, PSOE y Podemos, no hayan derogado esta ley a pesar de que anunciaron que así lo harían.
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