El Gobierno que salga de la próxima cita con las urnas del 23 de julio se va a encontrar con una serie de patatas calientes desde el punto de vista de la política agraria. Y una de ellas será poner orden en el sistema de seguros agrarios. Que hace falta disponer de un buen y potente sistema de seguros agrarios, es un hecho evidente y sin discusión. Que hace falta destinar dinero público a este instrumento básico en la política agraria de estos tiempos, es otro hecho incontestable.
Ahora bien, que este instrumento básico de la política agraria esté basado en un monopolio de hecho, como el que ejerce Agroseguro, eso ya es mucho más discutible. A las pruebas me remito: quejas de las organizaciones agrarias porque aumenta el coste de las primas y se reducen las coberturas; denuncias de agricultores y ganaderos que demuestran el “impongo y mando” de Agroseguro y sus dirigentes; los peritos condenados a respetar las normas de peritación impuestas también por el monopolio Agroseguro; cuando algunos agricultores y ganaderos, que no están de acuerdo con lo que hace el monopolio de hecho presidido por Ignacio Machetti, recurren a los tribunales consiguen que estos condenen la actuación de Agroseguro, incluido el Tribunal Supremo como estamos denunciando hoy; la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), dependiente del Ministerio de Agricultura, que debería meter en cintura a Agroseguro y a sus dirigentes, mira para otro lado, no en balde su director general es miembro del Consejo de Administración de Agroseguro y cobra las dietas correspondientes. Y así podría seguir.
Y es que ninguno de los ministros ni ninguna de las ministras de Agricultura que han pasado por Atocha se han atrevido a meter en cintura a este monopolio, hasta que un día termine el sistema saltando por los aires, porque se dejen de suscribir los seguros al no compensar, como ya sucede en bastantes líneas, como la del olivar. Por todo lo anterior, y eso sin ánimo de ser exhaustivo, y como consecuencia del deterioro actual de este instrumento básico en la política agraria, el próximo ministro o ministra tendrá que coger el toro por los cuernos y poner orden.
El apoyo público a los seguros cuesta mucho dinero a las arcas del Ministerio. Y eso vale también para los consejeros y consejeras de Agricultura, ya que las comunidades autónomas aportan considerables fondos. Y se supone que quienes pagan tienen derecho a exigir y a saber dónde va a parar ese dinero, ya sea del Ministerio, de las Consejerías o el que ponen en primas los propios agricultores y ganaderos.
Por eso sería necesario que se obligue a los dirigentes de Agroseguro a responder a la pregunta que llevamos formulando desde hace más de diez años: en 2011 los miembros del Consejo de Administración del monopolio de hecho Agroseguro se subieron los sueldos y dietas, que pasaron de poco más de 500.000 a casi 2 millones de euros, ¿Cómo se repartió ese dinero?
