La Unión de Extremadura ha exigido este jueves -24 de noviembre- una moratoria para poder utilizar semillas de reempleo, procedentes de otras cosechas.
En la actual campaña de siembra los agricultores están sufriendo una escasez de semillas debido a la sequía del año pasado, por sembrar cultivos de invierno en las zonas regables -por la amenaza de nueva sequía-, por las restricciones en las exportaciones por la guerra de Ucrania y por las nuevas exigencias para cumplir con la nueva Política Agraria Común (PAC).
Estás circunstancias está provocando el desabastecimiento y el incremento exagerado del precio de dicha semilla, que en muchos casos se hace inviable su utilización. Por ello, los agricultores están teniendo que recurrir a utilizar semillas de reempleo y aún en estos casos esta semilla es escasa y de precios prohibitivos.
A su juicio, es «vergonzoso» poder imponer a un agricultor hasta tres años de cárcel por usar semilla no autorizada para su siembra, por las denuncias de las multinacionales, puesto que pone en riesgo la seguridad alimentaria de millones de personas.
Es «vergonzoso» poder imponer a un agricultor hasta tres años de cárcel por usar semilla no autorizada para su siembra
La organización ha apuntado que mientras esto sucede, las multinacionales, que son las propietarias del uso de estas semillas, están exigiendo un canon que está encareciendo aún más su uso.
Además, La Unión ha denunciado que en los últimos días la Guardia Civil, acompañada por los técnicos de la Junta deExtremadura, están realizando numerosas inspecciones para evitar que los agricultores se abastezcan de semillas a un precio asequible para poder sembrar y cumplir con las nuevas normas impuestas por la PAC.
Para la organización, resulta «curioso» que hace dos años, cuando se denunció que una empresa había vendido semilla de arroz híbrido en mal estado (que produjo pérdidas millonarias en más de 200 explotaciones en la región), los agricultores no tuvieran el apoyo ni de la Guardia Civil ni de los técnicos de la Junta.
Además, en aquella ocasión estos técnicos realizaron informes para proteger a la empresa de semilla que había estafado a los agricultores.
Por ello, la organización ha solicitado tanto a la Junta como al Ministerio de Agricultura una moratoria para que por las causas de fuerza mayor enunciadas, se relajen las condiciones establecidas tanto en la ley y poder realizar una campaña de siembra suficiente a y precios asequibles.
