Ya en enero de 2020, antes del inicio de la pandemia, desde ASAJA se denunció que el incremento aprobado para aquel año resultaba inasumible, porque acumulado al del año anterior, suponía un aumento de casi un 30% del coste salarial mínimo legal.
Desde enero de 2020 hasta hoy las circunstancias se han endurecido para el sector agrario. Mayores exigencias desde todos los frentes y que se traducen en incrementos de costes (transición energética, protección medioambiental) sin ningún tipo de apoyo para hacer frente a esta problemática.
Estamos en un escenario post-pandemia que ha puesto las cosas aún más difíciles al sector agrario, no hay recuperación de suficiente consistencia para hacer frente ahora a una nueva subida (sin consecuencias dañosas para las empresas del sector y para el empleo agrario).
Y no puede pasarse por alto que, aunque se aplicara una subida de en torno a los 20 euros y sólo para estos últimos 4 meses del año, se está trabajando en una subida de mucho más recorrido, para los dos años siguientes. De modo que el rechazo es total si en paralelo no se adoptan medidas de apoyo.
- No basta demorar la subida concentrándola en los años venideros 2022 y 2023.
- Ni podemos conformarnos con que no se apliquen retroactivamente desde inicio del año 2021.
- Hacen falta medidas de apoyo; y han de ser medidas más contundentes que las que acompañaron a las subidas de los años 2019 y 2020, en los términos que señalamos después.
No es una subida tan ínfima ni inocua, como se dice en algunos medios y foros:
La nueva subida del SMI lo hace para “quedarse”, no sólo para los 4 últimos meses de 2021. Y se acumulará a las más importantes que tiene previstas el Gobierno para los años 22 y 23.
Lleva aparejado de inmediato un crecimiento encadenado de costes de cotización a la seguridad social (y es un coste nada desdeñable, porque la cuota de cotización supone cerca de un 30% adicional sobre la subida de salario mínimo que se apruebe; y también aquí acumulamos las importantísimas subidas de cotizaciones asociadas a las anteriores subidas de SMI de 2029 y 2020).
Y esto último es especialmente grave si se tiene en cuenta que todavía está pendiente la reforma del marco normativo de la cotización en el marco de la contratación agraria a tiempo parcial. Todavía se sigue cotizando por jornadas completas aunque sólo se trabajen unas horas. De modo que el crecimiento del coste de seguridad social en este caso es exponencial.
No puede obviarse que los costes no son fácilmente repercutibles en los eslabones siguientes de la cadena alimentaria. Ni puede olvidarse la competencia que ejercen terceros países con estándares sociales más bajos.
La Negociación colectiva, que está paralizada casi totalmente en buena parte de las provincias, no se reactivará.
Nada hay que ofrecer por la parte empresarial en el marco de la negociación colectiva si ya la subida de salarios viene impuesta desde la ley.
Riesgos asociados a una nueva subida:
Se destruirá empleo y se reducirán las oportunidades de empleo, lo que tiende a perjudicar además a jóvenes y mujeres, que son quienes lo tienen más complicado en el mercado de trabajo rural y que a la vez son más necesarios para combatir el riesgo de despoblamiento y de abandono de la actividad agraria.
El riesgo más importante es que lleguen incluso a abandonarse cultivos intensivos en mano de obra (incluidos los verdaderamente estratégicos para nuestro país).
No hay que pensar en que se va a incrementar el número de jornadas no declaradas, pero ciertamente existe cierto riesgo de que prolifere entre empresas incumplidoras el trabajo no declarado.
Por Juan José Álvarez, director general de ASAJA
