La Comisión Europea (CE) propuso el miércoles, 26 de febrero, recortar en un 80% las empresas obligadas a presentar informes sobre su impacto en sostenibilidad y rebajar las multas mínimas para aquellas que no mitiguen estos efectos dentro de su estrategia para reducir la burocracia.
Asimismo, planteó reducir el alcance del mecanismo de ajuste de carbono en frontera (CBAM, en inglés), el arancel por el que grava las importaciones de terceros países producidas con altas emisiones de carbono. De ese modo, de acuerdo con las estimaciones de la Comisión, afectará solo a un 10% de las empresas previstas inicialmente pero permitirá, aún así, capturar el 99 % de las emisiones.
Las medidas están recogidas en las primeras leyes ‘ómnibus’ de las que presentará la CE el próximo año para simplificar la regulación europea con el fin de reducir en cinco años un 25% las cargas administrativas para las empresas, que critican que estas barreras son uno de los principales frenos para competir con las firmas chinas o estadounidenses.
El comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, ha insistido en que se trata de un esfuerzo de «simplificación» para facilitar la vida sobre todo a las empresas más pequeñas y no de una «desregulación».
Y ha subrayado que la UE sigue comprometida con los objetivos del Pacto Verde que podrán cumplirse «de manera más eficiente y menos costosa» con esta simplificación. Según estimaciones de Bruselas, estos esfuerzos ahorrarán 6.300 millones de euros en costes administrativos.
Informes de sostenibilidad
Bruselas ha revisado la directiva sobre presentación de informes de sostenibilidad por parte de las empresas para limitar el número de firmas que estarán obligadas a remitir esta información a aquellas que superen los 1.000 empleados o los 450 millones en facturación anual, lo que en la práctica supondrá reducir en un 80% el número de firmas que tendrán que hacerlo forzosamente.
Este cambio se aplicará también a la taxonomía -la clasificación europea de inversiones consideradas verdes- puesto que se rigen por las mismas reglas, aunque algunas empresas podrán informar de manera voluntaria, lo que según la Comisión permitirá a las empresas ahorrar en costes sin hacer que cese el flujo de inversiones hacia actividades sostenibles.
Además, Bruselas plantea retrasar la aplicación de la directiva dos años, hasta 2028, para dar tiempo a pactar con los Estados miembros y el Parlamento el recorte en su alcance.
Impacto medioambiental y social
Por otro lado, la Comisión ha suavizado la directiva sobre diligencia debida en sostenibilidad corporativa, aprobada hace apenas unos meses, que exige a las empresas identificar y mitigar su impacto sobre la sosteniblidad ambiental o social, incluidos los derechos humanos, así como el impacto que tengan las firmas de su cadena de suministros aun cuando estén fuera de la UE.
Bruselas ha eliminado el umbral que exigía que las multas mínimas en caso de incumplimiento fuesen de al menos el 5% de la facturación anual de la empresa, algo que había creado «mucho nerviosismo en la industria», según explicaron fuentes comunitarias.
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