La organización agraria la Unión Extremadura ha anunciado que va a presentar en el Tribunal Supremo un recurso contencioso contra el Real Decreto 1045/2022 sobre derechos de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad de la Política Agraria Común al considerar que «discrimina» a los productores extremeños en un importe anual de 141 millones de euros.
Dicho decreto, publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado 29 de diciembre, establece las regiones homogéneas de producción que determinan los importes de las ayudas de la PAC que van a recibir agricultores y ganaderos de España.
En el texto se determina que las tierras agrarias de Extremadura se encuadran en los últimos lugares, a excepción de la zona productora de tabaco, por lo que los agricultores extremeños son los que van a recibir los importes de ayudas más bajos de toda España, indica la Unión en una nota.
La organización agraria añade que “las 377.000 hectáreas de cultivo de secano de Extremadura se ubican en los puestos últimos y penúltimo de todo el Estado; toda la superficie de cultivo permanente extremeño (olivar, viñedo, frutal etc.) se ubican en la última región de producción donde realmente hay cultivos permanentes; y la superficie de pasto en los puestos últimos y penúltimos de todo el Estado”.
La Unión señala que ya presentó alegaciones al borrador de Real Decreto para exigir que, tal y como establece el artículo 22.2 del Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo, las regiones de producción se agruparan dependiendo de condiciones socioeconómicas y agronómicas similares, «de tal manera que un olivar extremeño que sea similar a un olivar andaluz estén ubicados en la misma región y perciban por lo tanto las mismas ayudas por hectárea, exactamente igual en cereales de secado o pastos».
Sin embargo, señalan desde la organización agraria que «el Ministerio de Agricultura, con la aquiescencia de la Junta de Extremadura, ha realizado un reparto político en vez de agronómico en el que la mayor parte de los agricultores extremeños han sido discriminados».
El cálculo de estas «discriminaciones» realizado por La Unión Extremadura asciende a 14 millones de euros en tierras de cultivo de secano, 50 millones de euros en cultivos permanentes y más de 77 millones de euros en superficies de pastos permanentes. Por este motivo, va a presentar el citado recurso con el objetivo de que «se respete la normativa comunitaria y que se establezcan las regiones de producción en base a criterios técnicos y no políticos».
