Dentro de la Ley que regula el sistema de gestión de la futura PAC, que el Congreso de los Diputados ha aprobado en su sesión del 15 de diciembre, se ha aprobado una enmienda introducida por el Senado que tiene que ver con las tarifas eléctricas para el regadío y otras actividades estacionales.
Sin embargo, no se trata de la posibilidad de contratar dos potencias a lo largo del año en función de la necesidad de suministro, sino de un mecanismo de flexibilización temporal de los contratos en el marco de las medidas de apoyo a los consumidores de energía en el contexto de la guerra en Ucrania.
El Gobierno se ha comprometido en distintas disposiciones a poner en marcha un sistema de doble tarifa eléctrica pero nunca ha llegado a adoptar el reglamento
El texto aprobado establece que «los titulares de explotaciones agrarias, sean autónomos o empresas, incluidas las cooperativas agrarias y las comunidades de regantes, podrán acogerse a los mecanismos de flexibilización temporal de los contratos de suministro de energía eléctrica del artículo 7 del Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas natural en aplicación del ‘Plan + seguridad para tu energía (+SE)’, así como medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público y de protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía».
Hay que recordar que el Gobierno se ha comprometido en distintas disposiciones a poner en marcha un sistema de doble tarifa eléctrica a lo largo de 12 meses, en función de la necesidad de suministro de los regantes (en la Ley de medidas contra la sequía de 2018, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021 y en la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria aprobada ese mismo año), pero nunca ha llegado a adoptar el reglamento que permita disponer de tal sistema ni a establecer un contrato que lo haga posible.
