El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer miércoles, 7 de marzo, la Ley por la que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas.
En su disposición final tercera reconoce la posibilidad de que los regantes cuenten con dos potencias eléctricas distintas a lo largo de un año en función de las necesidades del agricultor y de sus cultivos.
«En los términos que reglamentariamente se determinen, el contrato de acceso para regadío contemplará la posibilidad de disponer de dos potencias diferentes a lo largo de 12 meses, en función de la necesidad de suministro para esta actividad. Los precios del término de potencia no surtirán incremento alguno respecto de las tarifas de aplicación, siempre que la fijación así establecida sea consistente con la seguridad y la sostenibilidad económica y financiera del sistema recogido en el artículo 13 de la ley 24/2013, de 26 de diciembre, así como con la normativa comunitaria de aplicación.»
ASAJA-Andalucía valora la medida positivamente
El presidente de ASAJA-Andalucía, Ricardo Serra, ha mostrado su satisfacción por este aspecto concreto de la Ley porque, a su juicio, viene a paliar el grave problema que se creó a partir de 2008 con la desaparición de las tarifas especiales de riego, «fundamentales en un sector estacional como el de la agricultura de regadío, que demanda una alta potencia en época estival pero no durante el resto del año».
Con esta medida reclamada por la organización “se abre la posibilidad de que un agricultor contrate una mínima potencia para el mantenimiento básico de sus equipos y otra superior en temporada de riego”.
Un nuevo paso para conseguir tarifas más competitivas
El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE), Andrés del Campo, considera que la nueva Ley de Medidas Urgentes para la Sequía supone un nuevo paso en la batalla por conseguir tarifas eléctricas más competitivas, al abrir la puerta a disponer de dos contratos en un mismo año con potencias diferentes.
No obstante, los regantes han recibido esta normativa con cautela pues, aunque el nuevo marco regulatorio establece que los precios del término de potencia en principio no subirán, sí contempla posibles variaciones si la salud económica y financiera del sistema eléctrico lo requiere.
En este sentido, ha recordado que pese a que la deuda del sistema eléctrico se redujo unos 2.000 millones de euros en 2017, sigue superando la cifra de 21.000 millones de euros.
