UAGA pide 11 millones para hacer frente a la retirada de 40.000 toneladas de fruta

La Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA) ha reclamado 11 millones de euros a los gobiernos de Aragón y Cataluña para hacer frente a la retirada de 40.000 toneladas de fruta de hueso. Esta cantidad es resultado del exceso de oferta actual y, según la organización, “causan un problema al agricultor”.

El responsable de frutas de esta organización, Vicente López, se reunió el 1 de agosto con representantes de los productores, la Federación de Cooperativas Agroalimentarias y el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquin Olona, para abordar esta problemática.

A su juicio, únicamente se van a retirar 9.000 toneladas de las 40.000 que exceden, lo que representa un 20% más de promedio que un año normal. Además,  asegura que es la razón por la que demandan dicha cantidad económica a ambas administraciones, para dar respuesta a las 31.000 toneladas restantes en Aragón y Cataluña.

A pesar de que “los cupos de retiradas sí son factibles, esta tiene que estar en la cantidad de fruta que sobra del mercado, porque si no es tirar el dinero del contribuyente y un dinero empleado por parte de la Administración Pública que no ha valido para nada”, señaló.

La situación se está agravando por la caída de entre un 30 y 40% del precio habitual de venta de estas variedades frutícolas ante el exceso de oferta

Asimismo, afirmó que la situación se está agravando por la caída de entre un 30 y 40% del precio habitual de venta de estas variedades frutícolas ante el exceso de oferta. Un fenómeno que se está ocurriendo en otros países productores como Francia e Italia.

Por su parte, el director general de Producción Agraria, José María Salamero, no considera que la demanda de UAGA “sea la solución”, teniendo en cuenta las restricciones del reglamento de la Comisión Europea.

Salamero señaló que han solicitado al Ministerio de Agricultura que destine para el melocotón y nectarina el cupo de 200 toneladas que reserva para otras frutas aunque “el gobierno aragonés es escéptico respecto a que el Ejecutivo central lo autorice”.

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