La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha organizado este miércoles -26 de mayo- una tractorada en León para reivindicar precios justos para el campo. Es una de las movilizaciones provinciales que comenzaron el 17 de mayo en Burgos y han continuado por otras provincias de la Comunidad Autónoma durante la semana pasada.
La marcha ha salido del aparcamiento del Estado Reino de León para recorrer las principales calles de la capital leonesa hasta llegar a la delegación territorial de la Junta de Castilla y León.
Con estas protestas, pretenden reclamar unos precios justos para los agricultores y ganaderos, “ya que de ello se basa la rentabilidad de nuestras explotaciones”. Según la organización, “la administración debe dotarnos de las herramientas legales necesarias para equilibrar la cadena de valor y poder defendernos, ante una imposición de precios sin opción de negociación”.
La UCCL ha recordado que nos encontramos en la última fase de la negociación de la PAC y hay que lograr una Política Agraria Comunitaria más justa, enfocada a los agricultores y ganaderos a título principal.
El presidente de UCCL León, Juan Antonio Rodríguez, ha asegurado que «el día 11 de junio hay una reunión intersectorial convocada entre el Ministerio y las Comunidades en aras de llegar a un acuerdo definitivo. A día de hoy, no se sabe qué va a pasar con las regiones de pago básico, con los derechos de pago, no está definido el concepto de agricultor genuino, ni los ecoesquemas”
Nos encontramos en la última fase de la negociación de la PAC y hay que lograr una Política Agraria Comunitaria más justa, enfocada a los agricultores y ganaderos a título principal
Por este motivo, UCCL ve imprescindible que el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas apuesten decididamente por que la PAC se destine a los profesionales del campo que viven realmente de la agricultura, es decir, para los agricultores a título principal, y no para los que tienen esta actividad como secundaria o terciaria. Además, consideran importante que aquellos que reciban las ayudas de la PAC deben estar dados de alta en el régimen de la Seguridad Social agraria.
Según la organización, en España hay 670.000 perceptores de la PAC en el año 2020, de los cuales el 91,85 % son personas físicas, es decir 611.000 personas, pero tan solo 238.000 están dadas de alta en la seguridad social agraria, un 39% de los perceptores PAC. Esto no pasa en ningún país de nuestro entorno, ni en Francia, con 325.000 perceptores, ni en Alemania con 311.000 perceptores en 2019, con presupuestos más elevados que España. Por tanto, “España se tiene que poner las pilas y aplicar la legislación y exigir el alta a la Seguridad Social agraria a la hora de solicitar la PAC”.
UCCL reclama que la convergencia debe aplicarse a partir de 2023
Por otro lado, la convergencia aplicada este año «ha sido brutal», hay explotaciones que van a ver reducidas sus ayudas en 10.000 euros explotaciones que siguen realizando la misma actividad que el año anterior. UCCL reclama que la convergencia debe aplicarse a partir de 2023, y nunca aplicarse a aquellos que mantengan la actividad agraria y/o ganadera por la que generaron sus derechos.
Además, reclama unos eco-esquemas sencillos de aplicar y que no suponga más costes de producción y no pueden reducir la producción de los agricultores y ganaderos.
