En su reunión del 30 de junio, el Consejo de Ministros ha procedido a la primera lectura del anteproyecto de Ley que modifica la Ley de la Cadena Alimentaria con el fin de incorporar a la normativa nacional las reglas comunitarias sobre prácticas comerciales desleales.
La directiva comunitaria, publicada en abril de 2019, incluye una lista de prácticas prohibidas, que son: el retraso en el pago de los productos perecederos; la anulación de un pedido en el último momento; los cambios unilaterales o retroactivos de acuerdos de aprovisionamiento; el mal uso de información confidencial y las represalias o amenazas de represalias al proveedor.
Además, hay una segunda lista de prácticas que solo estarán permitidas si figuran expresamente, de forma clara y no ambigua, en un contrato entre las partes. Se trata, entre otras, de la devolución al proveedor de los productos no vendidos por parte del comprador; el pago, por parte del proveedor, de las acciones de promoción o de marketing de los productos vendidos por el comprador; y el pago, por parte del proveedor, de ciertos costes como los de almacenamiento o exhibición.
Por otro lado, la directiva comunitaria establece que los proveedores podrán presentar sus quejas donde están instalados aunque las prácticas comerciales denunciadas se den en otro lugar de la UE.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha señalado que estamos ante la segunda fase de cambios en la Ley de la Cadena Alimentaria, tras los que se adoptaron a finales de febrero en respuesta a las movilizaciones del sector agrario, interrumpidas por el coronavirus, para reclamar precios justos para sus productos. En esa primera fase se aprobó la obligación de incluir los costes de producción en los contratos, de modo que el precio de compraventa no sea inferior al coste.
Planas ha subrayado asimismo que la nueva Ley será de aplicación no solo a los productos agrícolas y ganaderos primarios sino también a los productos transformados.
Por otro lado, el anteproyecto recoge la extensión de los contratos por escrito a todas las operaciones comerciales de más de 2.500 euros y refuerza el procedimiento sancionador.
El texto se remitirá a las Cortes Generales el próximo otoño, una vez aprobado por el Consejo de Ministros, después de las preceptivas consultas a las comunidades autónomas, sector, Consejo Económico y Social, la Comisión Nacional de la Competencia y Mercados y el Consejo de Estado.
