Responsables del Ministerio para la Transición Ecológica y de la Junta de Andalucía han celebrado una reunión para avanzar en la materialización del trasvase de 19,99 hectómetros cúbicos de agua de la demarcación hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la del Guadalquivir. El objetivo es cubrir las necesidades de riego de los agricultores del Condado de Huelva al tiempo que se preserva el buen estado de los acuíferos del Parque Nacional de Doñana.
Se trataba de impulsar en esta reunión el desarrollo de la Ley aprobada a finales del año pasado (Ley 10/2018, de 5 de diciembre) que permite y regula ese trasvase de aguas superficiales.
El secretario de Estado de Medio Ambiente en funciones, Hugo Morán, señaló que «el Plan Especial de ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana y el control de las extracciones del recurso son las principales herramientas que permitirán consolidar la actividad agraria en la zona». Según él, «estos instrumentos permitirán planificar la estabilidad del sector, respetando los límites que en estos momentos están establecidos: la disponibilidad del recurso, el marco normativo para su uso y la sostenibilidad medioambiental en la que debe desarrollarse la actividad agraria».
La consejera de Agricultura de Andalucía, Carmen Crespo, subrayó la necesidad de fijar un calendario para las obras declaradas de Interés General del Estado en la propia Ley con el fin de poner en marcha cuanto antes el trasvase. Crespo destacó que esta transferencia de 19,99 hectómetros cúbicos de agua superficial «contribuirá de forma decisiva al equilibrio hídrico en el entorno de Doñaña, al reducir la presión sobre los acuíferos del Parque Nacional y garantizar agua para el mantenimiento de la actividad agrícola en el Condado onubense».
Durante el encuentro, al que también asistió el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Páez, se avanzó en el proceso de constitución de la Comisión de Gestión Técnica del trasvase.
Cierre de pozos
En relación con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que obliga a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir al cierre de 77 pozos agrícolas ilegales en Lucena del Puerto (Huelva), tanto el Gobierno central como el autonómico reiteraron su respeto a la decisión judicial, contra la que no cabe recurso, y a su cumplimiento.
