El Tribunal de Cuentas Europeo ha cuestionado la eficacia del actual pago verde, introducido en la última reforma de la PAC, y recomienda que, de cara a la próxima, se condicione el pago de ayudas de esta política al cumplimiento de una serie de normas medioambientales básicas. Añade que, como elemento disuasorio, debería ser suficiente la aplicación de sanciones por incumplimiento.
En un informe, el Tribunal señala que el pago verde ha añadido complejidad al sistema de ayudas directas y apenas ha mejorado la aportación de esta política desde el punto de vista del medio ambiente y el clima, ya que solo ha dado lugar a un cambio de las prácticas agrícolas en un 5% de las tierras cultivables.
Tras examinar si el nuevo régimen cumple el objetivo de reforzar los resultados medioambientales y climáticos de la PAC, el Tribunal concluye que este pago «sigue siendo esencialmente un régimen de apoyo a la renta» y que, «tal y como se aplica actualmente, es improbable que refuerce el comportamiento medioambiental y climático de la PAC de manera significativa».
Subraya que la Comisión Europea no desarrolló «una lógica de intervención completa» para los pagos ni fijado objetivos ambiciosos para este régimen y apunta que buena parte de las prácticas subvencionadas se habrían llevado a cabo sin la ayuda. Esta solo ha supuesto cambios en un 5% de las tierras cultivables de la UE. Estos resultados, añade, no justifican la gran complejidad que el pago verde añade a la PAC, debido, en parte, a los solapamientos entre este régimen y otros requisitos medioambientales de la política.
Recomendaciones
De cara a la futura PAC, los auditores estiman que los agricultores solo deberían tener acceso a los pagos de esta política si cumplen una serie de normas medioambientales básicas. «Como elemento disuasorio -dice- debería ser suficiente la aplicación de sanciones por incumplimiento».
Asimismo, «los programas agrícolas destinados a responder a las necesidades medioambientales y climáticas deberían incluir objetivos de resultados y financiación que reflejen los costes incurridos y la pérdida de ingresos derivada de actividades que vayan más allá de las normas medioambientales básicas».
Por último, el Tribunal considera que, «cuando los Estados miembros puedan elegir entre distintas opciones de aplicación de la PAC, tendrían que demostrar que sus opciones son eficaces y eficientes para alcanzar los objetivos de la política».
Para realizar su evaluación del «pago para prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente», o pago verde, los expertos del Tribunal se entrevistaron con las autoridades de cinco Estados miembros, entre ellos España. En concreto, en nuestro país fue con las de Castilla y León.
