El Tribunal Supremo ha anulado varios artículos del Plan Hidrológico del Tajo por no fijar los caudales ecológicos en varios tramos del río, un fallo que aplaudieron ecologistas, municipios afectados y Castilla-La Mancha, que aboga por alcanzar un nuevo acuerdo en materia de trasvases.
El recurso, que ha sido estimado parcialmente por el alto tribunal, fue interpuesto en 2016 por varias asociaciones vecinales y de municipios afectados por el trasvase. Una de las denunciantes, la Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y Alberche de Talavera de la Reina (Toledo), está convencida de que esta decisión judicial deja el trasvase Tajo-Segura «prácticamente liquidado».
La sentencia obliga a fijar caudales ecológicos en Aranjuez (Madrid), en Toledo y en Talavera de la Reina -zonas de cabecera del río- que no estaban fijados en el plan hidrológico, y que modificará inevitablemente el volumen de agua a trasvasar.
El caudal ecológico necesario es el volumen mínimo de agua necesario para evitar la degradación ambiental del curso de agua del río, su cauce y su ribera.
Reacciones
Según el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el fallo «pone patas arriba la política de agua de Rajoy y Cospedal» y obliga a rehacerla, en particular, en relación a los trasvases.
También ha abogado por «alcanzar un gran acuerdo» en materia de agua que, a su juicio, no debe ser «ficticio, sino un acuerdo real».
Por su parte, el presidente valenciano, Ximo Puig, ha asegurado que «siempre va a estar al lado» de los regantes de la Comunidad Valenciana, especialmente, de los de la provincia de Alicante.
Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) han señalado que el Gobierno acatará la sentencia del Tribunal Supremo, un texto que, a su juicio, confirma que la nueva política del agua del Gobierno «va en dirección correcta».
En este sentido, han añadido que el Gobierno de Pedro Sánchez está trabajando para que las decisiones en materia de agua «se tomen en base a los caudales ecológicos» y que, de hecho, «la revisión de los planes hidrológicos de tercer ciclo» ya incluye en el caso del tajo la dotación de caudales ambientales.
Para Greenpeace esta sentencia es «histórica» y un espaldarazo a las reivindicaciones que durante años han hecho las asociaciones ecologistas, ya que no fijar estos caudales ha creado una situación de «desastre» para el ecosistema del río.
El portavoz del área de aguas de Ecologistas en Acción, Santiago Martín Barajas, estaba convencido de que la Justicia daría la razón a los afectados, porque el Plan Hidrológico del Tajo no cumplía con la propia normativa española ni la Directiva Marco del Agua europea.
Los caudales mínimos fijados en el texto eran «ridículos», contravenían las leyes y eran «insuficientes» para el mantenimiento de los ecosistemas del río, ha concluido el ecologista.
