A pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) paralizase la semana pasada la Orden que flexibiliza las medidas de control y prevención de la tuberculosis bovina en esta comunidad, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta, Gerardo Dueñas (Vox), ha defendido en las Cortes que la norma solo afecta a la sanidad animal, pero no a la salud pública.
A su juicio, «la actuación de la Consejería ha sido correcta, adecuada, proporcionada y siempre con el objetivo prioritario de apoyo al sector ganadero de Castilla y León”.
Dueñas ha respondido a una pregunta formulada por el procurador de Ciudadanos (Cs), Francisco Igea, dirigida inicialmente al vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, porque éste se encontraba en Polonia en un acto de partido. El consejero excusó su ausencia, pero defendió que él es el competente en esta materia y quien debe responder sobre la misma.
Igea ha subrayado que desde que Vox dirige la Consejería la prevalencia de la tuberculosis bovina se ha multiplicado por siete
Por su parte, Igea ha puesto en duda que el consejero sea el competente en esta materia, ya que fue el vicepresidente quien se comprometió a modificar esta normativa de saneamiento ganadero en su comparecencia de legislatura y quien ha viajado a Bruselas para defender esa misma postura.
El representante de Cs ha subrayado que desde que Vox dirige la Consejería la prevalencia de la tuberculosis bovina se ha multiplicado por siete.
Finalmente, Dueñas insistió en que la norma dictada por su departamento y paralizada cautelarmente por el TSJCyL, a raíz de la denuncia del Ministerio del Agricultura, no genera el «más mínimo riesgo» hacia la salud pública, ya que la norma no afecta a la misma, sino a la sanidad animal, «pese a lo que malintencionadamente se está diciendo».
