Bruselas ha dado este jueves, 28 de septiembre, un ultimátum a España para que complete la revisión de los terceros planes hidrológicos de cuenca y de los segundos planes de gestión del riesgo de inundación o, de lo contrario, elevará el asunto a la Justicia europea.
La Comisión Europea ha dado un paso más en el expediente que abrió a España en febrero de este año y pasó a la segunda etapa del procedimiento de infracción, que da dos meses a España para resolver las deficiencias identificadas por las autoridades comunitarias antes de acudir al Tribunal de Justicia de la UE.
Bruselas también advirtió a Bulgaria, Chipre, Irlanda, Malta, Portugal, Eslovaquia y Eslovenia de que no han cumplido con los requisitos establecidos en la directiva marco sobre el agua ni en la directiva sobre inundaciones. Ambas exigen a los Estados miembros que revisen, actualicen y notifiquen sus planes hidrológicos de cuencas y de gestión del riesgo de inundaciones cada seis años.
Bruselas da dos meses a España para resolver las deficiencias identificadas por las autoridades comunitarias antes de acudir al Tribunal de Justicia de la UE
Cabe recordar que los primeros (planes hidrológicos) deben incluir un conjunto de medidas para garantizar el «buen estado» de todas las masas de agua, mientras que los segundos (inundaciones) deben ser elaborados a partir de mapas que «muestren las consecuencias adversas potenciales asociadas a los escenarios de inundación».
La Comisión informó de que España, Bulgaria, Chipre, Malta y Portugal «van con retraso» en la revisión, aprobación y comunicación de los terceros planes hidrológicos de cuenca y de los segundos planes de gestión del riesgo de inundación. Irlanda y Eslovenia van retrasados en la adopción de los planes hidrológicos y Eslovaquia tiene un problema sólo en el caso de los planes de riesgo de inundación.
«La legislación de la UE sobre el agua debe aplicarse plenamente para alcanzar las ambiciones de la UE en materia de economía circular, biodiversidad, contaminación cero y cambio climático», expresó el Ejecutivo comunitario, antes de advertir de que, de no recibir una «respuesta satisfactoria» de estos nueve socios, podría elevar los casos al tribunal con sede en luxemburgo.
