Un estudio realizado por La Unió de Llauradors i Ramaders denuncia que en los últimos 20 años las poblaciones en riesgo de despoblamiento de la Comunidad Valenciana han perdido 12.300 explotaciones (un 45%) y casi 47.000 hectáreas de cultivo (un 22%).
Para la elaboración de este estudio, la organización ha comparado el número de explotaciones y la superficie de cultivo de los pueblos con riesgo de despoblamiento del territorio a través de los censos agrarios oficiales entre 1999 y 2020, ya que de los últimos dos años no se conocen datos.
Del conjunto de los datos analizado se desprende que la población en esos 172 municipios con 78.862 habitantes solo representaba el 1,58% del conjunto de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, si se analiza el número de explotaciones agrarias existen 15.038 en esas localidades, lo que supone el 15% del total, cifra que demuestra la gran importancia de la agricultura y la ganadería en esas zonas.
Los pueblos en riesgo de despoblamiento representan el 31,8% de las 542 localidades de la Comunidad Valenciana. La provincia de Castellón es donde la situación es más grave, con 87 poblaciones en ese riesgo, que representan el 64,4% de toda la comunidad. La de Alicante con 29 municipios el 20,6% y por su parte la de Valencia con 56 supone el 21%.
Por provincias, Castellón ha perdido en los pueblos en riesgo de despoblación durante el periodo 2020-1999 un total de 4.594 explotaciones (un 41,2 %) y 27.555 hectáreas (un 23,9 %).
En la provincia de Valencia son 5.363 explotaciones menos (un 45,1%) y unas 14.832 hectáreas (un 18,1%), mientras que en la provincia de Alicante ha disminuido en 2.336 explotaciones (un 52,4%) y 4.559 hectáreas menos (un 26,9%).
«Las actuales políticas no están sirviendo para evitar la pérdida de explotaciones y de superficie agrícola»
El secretario general de La Unió, Carles Peris, ha explicado que el objetivo del estudio es alertar de que «hay que dar pasos más firmes pues las actuales políticas no están sirviendo para evitar la pérdida de explotaciones y de superficie agrícola de una actividad que es clave para evitar el despoblamiento».
La Unió propone que se establezca una intervención territorial para dar apoyo a los cultivos de secano tradicionales y de baja rentabilidad (olivar, frutos secos, viña y cereal), con el objetivo de mantener una actividad económica en zonas con riesgo de despoblamiento.
Del mismo modo la organización solicita incentivos fiscales ambiciosos (fiscalidad diferenciada) para los territorios con riesgo de despoblación que induzcan a particulares y empresas a permanecer en el territorio o a radicar ex novo su domicilio allí.
También propone que los ayuntamientos de poblaciones en riesgo de despoblación establezcan el mínimo tipo impositivo aplicable en el IBI para todas aquellas construcciones e instalaciones necesarias para el desarrollo de actividades económicas ganaderas. Asimismo, aboga por conceder ayudas para el alquiler de viviendas para familias con hijos menores de 16 años que quieran residir en municipios con riesgo de despoblación.
Otras propuestas de La Unió pasan por la exención general de las tasas de precios públicos para empresas y emprendedores en zonas con riesgo de despoblación, a través de una compensación a las administraciones locales que la aplican.
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