Unión de Uniones ha iniciado acciones para denunciar a las bodegas Félix Solís y García Carrión ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) debido a las «continuas» quejas que les han trasladado los viticultores. La organización ve indicios de que estas empresas estarían incurriendo en presuntos incumplimientos de la Ley de la Cadena Alimentaria.
Según ha detallado, debido al encarecimiento experimentado en estos dos últimos años los costes medios de producción podrían situarse «por ejemplo en Castilla-La Mancha» entre los 0,21 €/kg y los 0,46 €, para la variedad airén dependiendo de si se trata de secano o regadío o está o no acogida a alguna DO. Para la variedad tempranillo, la horquilla podría estar entre los 0,30 €/kg y los 0,54 €/kg.
Sin embargo, la organización ha denunciado que bodegueros como Félix Solís y García Carrión están pagando a los viticultores «la mitad e incluso menos de esos costes en algunos casos». Para Unión de Uniones estos datos aportan indicios de que se estaría cometiendo un incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, que obliga a que el precio percibido por el productor supere sus costes productivos.
Unión de Uniones está teniendo encuentros con viticultores de las principales zonas productoras
«Los viticultores estamos indignados de que con un recorte de cosecha como el que estamos teniendo, se esté pagando la uva a menos precio que el año pasado», critican desde la organización. Por este motivo, Unión de Uniones está teniendo encuentros con viticultores de las principales zonas productoras con objeto de reunir pruebas que constaten si se está vulnerando la Ley y presentar las oportunas denuncias a la AICA.
Asimismo, la organización ha señalado que se pone públicamente a disposición de aquellos viticultores que, «con sus papeles en la mano», consideren que perciben un precio inferior al que deberían según la norma.
También ha recordado que «el Ministerio de Agricultura dispone desde el pasado mes de junio del Registro de Contratos Agrarios en el que ya debe haber depositado contratos de compraventa de uva de esta campaña, ya que la obligación del comprador es inscribirlos antes de la entrega de la uva».
«Con los datos del precio pagado en esos contratos y sus bases estadísticas sobre costes de producción», según señala la organización, «el Ministerio tiene material suficiente para hacer controles con una precisión quirúrgica y ver de oficio quien no está cumpliendo la Ley».
Por otro lado, Unión de Uniones ha criticado el abandono al sector por parte del ministro de Agricultura en funciones, Luis Planas, por «ignorar a los viticultores en el paquete de ayudas directas pese a la mala cosecha que se prevé como consecuencia de la sequía y el encarecimiento de los costes, que les afecta en la misma medida que a los productores del resto de sectores».
