La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Extremadura (UPA-UCE) ha manifestado “tranquilidad y confianza” tras conocer los detalles de la operación puesta en marcha por la Guardia Civil.
Fuentes de la organización han asegurado que “no hay caso, ya que no se ha cometido ningún delito”.
UPA ha negado que exista un entramado financiero ilegal para financiarse en base a las ayudas al asesoramiento agrario provenientes de la Unión Europea.
Esas ayudas llegaban de Bruselas directamente a los agricultores, los cuales pagaban a la organización por los servicios y trabajos desarrollados para la redacción de los informes del asesoramiento, que realizaban los técnicos que trabajan para la organización.
UPA-UCE ha asegurado que “no se ha producido ningún engaño a ningún afiliado”, ya que eran ellos, a título personal, los que recibían la subvención en sus cuentas bancarias y luego se transfería “con todos los justificantes” a la organización por los servicios prestados; esos servicios «fueron realizados en su totalidad y cuyos expedientes están entregados en la propia Consejería de Agricultura».
Según la organización, en los años a los que se refiere la investigación (2013-2015) UPA-UCE estableció un mecanismo para que los agricultores no tuvieran que adelantar el dinero de los informes de asesoramiento, informes que a su vez eran necesarios para cumplir con todos los requisitos de la Política Agraria Común.
Por ello los productores recibían una transferencia con el importe de la subvención que después devolvían a la organización una vez recibían la ayuda y se realizaba el asesoramiento.
UPA ha rechazado las formas en las que el Instituto Armado ha desarrollado la operación y ha pedido la liberación inmediata de las personas que siguen detenidas. Asimismo, ha mostrado confianza en la Justicia y en que “pronto se aclarará todo”.