Organizaciones ecologistas del Programa Antídoto han presentado un recurso de alzada contra el uso de veneno y las quemas contra los topillos en Castilla y León y han urgido a la Consejería de Agricultura y Ganadería que paralice estas dos medidas.
Las organizaciones explican que tras 20 años de aplicación sistemática, «la experiencia demuestra que el uso de veneno y las quemas de vegetación no han impedido las plagas» y, sin embargo, el impacto sobre la fauna y flora de estas medidas ha sido extensamente probado y «resulta inadmisible».
Por ello, las distintas organizaciones de defensa del medio ambiente que integran el Programa Antídoto han presentado un recurso de alzada ante la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León y exigen la suspensión inmediata de las resoluciones que permiten la aplicación de bromadiolona y la quema de vegetación en linderos y tierras agrarias.
En este sentido, han señalado que la bromadiolona es un potente veneno en proceso de sustitución por sus «constatados impactos en el medio» y la autorización de su uso mediante estas resoluciones contraviene la legislación vigente y posibilita que se provoquen «graves» daños ambientales de imposible reparación.
Asimismo, han explicado que «las quemas de vegetación natural y adventicia en linderos y parcelas tampoco ha resultado eficaces hasta la fecha, mientras que sí genera graves perjuicios sobre otras especies, algunas protegidas de reptiles y de aves, como alcaudones, gangas, ortegas, sisones y alcaravanes, y potenciales problemas locales de erosión y emisiones».
Las organizaciones aseguran que «las resoluciones recurridas no se ajustan a la ley, entre otros motivos, porque no hay evidencias de la existencia de una plaga y porque la administración no aporta los datos y los métodos científicos empleados para declarar oficialmente la existencia de plaga de topillo campesino en el territorio de Castilla y León».
Al contrario, según datos contrastados sobre el terreno que citan estos colectivos, la abundancia de topillos ha permanecido similar o se ha reducido ligeramente desde el verano, sin haber causado daño ninguno a las cosechas de 2016.
Las ONG indican que «la falta de causas justificadas es razón suficiente para decretar la inmediata paralización del uso de veneno y exigir a la Consejería que deje de dañar y poner en peligro el medio ambiente y la salud pública y afronte la cuestión de forma seria y rigurosa, partiendo de la consideración de que si hay plagas, estas son consecuencia de una mala gestión agrícola y del manejo de los hábitats».
