En el Boletín Oficial del Estado del lunes 30 de enero se publicó la resolución por la que se fija en un 0,52% la superficie que este año se va a conceder de nuevas plantaciones de viñedo, lo que supone un total de 4.989 hectáreas.
La Unión de Extremadura ha anunciado que presentará un recurso de alzada, previo a la interposición de un contencioso administrativo, contra esta resolución porque considera que se le van a “sisar” a Extremadura más de 500 hectáreas para otorgárselas a otras regiones.
Esta organización agraria considera que el Ministerio de Agricultura, apoyado por ASAJA y UPA y por el Gobierno extremeño, quiere limitar el potencial productivo de la región, impidiendo que aumenten las superficies para ser más competitivos.
Por otro lado, la Unión de Pequeños Agricultores ha defendido criterios más justos y sociales a la hora de repartir las autorizaciones, tales como dedicación o adscripción a la Seguridad Social, entre otros.
La organización ha vuelto a criticar que en 2016, en regiones como La Rioja, hubo muchos aspirantes que es dudoso que fueran viticultores.
Por último, desde COAG también han reclamado un reparto más equitativo de estas autorizaciones y mejoras en el sistema para evitar que “meros testaferros” sean los beneficiarios reales.
