El verano termina en el campo español con las tareas de vendimia y los problemas de precios de la uva tinta, que han provocado las protestas de las organizaciones agrarias, que denuncian que la Ley de la Cadena Alimentaria de Planas no funciona. También con la Península partida en dos: la vertiente occidental en la que no hay sequía por el momento, mientras que la situación es muy grave en la mitad oriental, con las reservas de Cuenca del Segura bajo mínimos. Mientras tanto, desde los gobiernos autonómicos afectados, como el de la Comunidad Valenciana, aprueban ayudas y piden al Ministerio de Agricultura que se moje.
Por otro lado, en Bruselas se aguarda la formación de la nueva Comisión Europea para despejar las dudas sobre quién ocupará la cartera de Agricultura y también sobre si se creará una vicepresidencia que vigile las políticas verdes y medioambientales.
La situación en el mercado del vino, especialmente del tinto, es muy complicada. Fiel reflejo de ello son las cotizaciones que se han fijado en la Lonja de Extremadura. Así, el blanco de fermentación controlada está entre 4 y 4,20 euros por hectogrado, mientras que el tinto tempranillo de fermentación controlada anda entre 3,10-3,25 euros. Durante los últimos años se ha registrado un significativo cambio de tendencia en los gustos de los consumidores, que se han orientado a los vinos blancos, más una incipiente recuperación de la demanda de rosados y claretes, frente a una importante caída de los vinos tintos. Un bodeguero lo reflejaba de forma muy gráfica: «Nos sobra vivo tinto por todos los lados». Esa es la principal justificación que han utilizado desde las principales bodegas para anunciar precios de la uva tinta muy bajos, que, según dicen las organizaciones agrarias, son inferiores a los costes de producción. Eso supondría, en opinión de las mismas, un incumplimiento claro de la Ley de la Cadena Agroalimentaria, de la que tanto presume Planas.
Algunos datos: en La Rioja, la Unión de Agricultores ha denunciado que las grandes bodegas han esperado hasta el último momento para anunciar que pagarán unos precios que están muy por debajo de los costes de producción, establecidos por la Consejería de Agricultura en 80 céntimos de euro por kilo para la campaña pasada. En Castilla-La Mancha, Asaja habla de bajos precios a los agricultores que en muchos casos no están justificados y que no se corresponden con las variaciones en la cosecha o las condiciones reales del mercado. La producción de vino prevista en esta región se ha recuperado respecto a la pasada y se esperan 22 millones de hectólitros, más de la mitad del total de España. Por el contrario, en Cataluña, la Unió de Pagesos estima una producción de uva un 40% inferior a la de 2023 debido a la sequía; respecto al precio apuntan que ha mejorado algo debido a la mala cosecha, pero que sigue sin ser suficiente para garantizar la rentabilidad.
En este contexto Asaja, COAG y UPA han consensuado un documento con sus propuestas para salvaguardar el futuro de una parte de los viticultores españoles. En general van orientadas a limitar la producción, sobre todo en el caso de las variedades tintas para evitar la sobreoferta y adecuar la producción a la demanda. Entre las medidas que se deberían adoptar figuran una ayuda financiera al arranque de viñedo y la prohibición de nuevas autorizaciones de plantación durante los tres próximos años, así como potenciar las acciones de promoción. Desde la Unión de Uniones consideran necesario también promover arranques con criterios sociales que reestructuren el sector.
Las tres organizaciones agrarias citadas al principio han presentado estas propuestas en el marco de los debates del grupo de alto nivel sobre la política vitivinícola comunitaria que celebró su primera reunión el martes de la semana pasada en Bruselas. En él participan representantes de los viticultores, la industria, las denominaciones de origen, las regiones vitícolas y la propia Comisión Europea. Cada una de las partes defendió sus posiciones. Así, por ejemplo, las organizaciones agrarias europeas plantearon la creación de fondos mutualizados por regiones para gestionar la oferta y la posibilidad de fijar un precio mínimo para el vino a granel que cubra los costes de producción. En la reunión se constató que una de las principales preocupaciones del sector es la considerable caída del consumo. Como se puede comprobar, la crisis general en el sector del vino no es exclusiva de España, sino que afecta a otros Estados miembros, cada uno con sus particularidades.
Información de César Lumbreras publicada el 16 de septiembre en La Razón
